El Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, con independencia técnica y operativa, cuya función es garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias administrativa, fiscal, civil y derivada de causas penales, permitiendo atender a la población menos favorecida del país, bajo los principios de gratuidad, honradez y profesionalismo, contribuyendo a superar desigualdades sociales y a consolidar el estado de derecho.
Ahora bien, en la actualidad cada vez son más las personas que requieren del apoyo del defensor público o de oficio, la carga de trabajo es inmensurable y cada día aumenta más la demanda de este servicio, sin dejar a un lado que la remuneración económica es baja y se agrava con la carencia de mobiliario y presupuesto otorgado por parte del estado, es por ello que actualmente este servicio deja de ser eficiente para la población menos favorecida que necesita atención jurídica de eficacia, provocado que las personas busquen la asistencia jurídica en personas que solo lucran con su necesidad dejando a las personas en un estado de indefensión, ya que la realidad es que el propio actor o demandado en un proceso legal es el que debe realizar gestiones que desconoce ante los juzgados competentes, por ejemplo: llevar los escritos que le proporciona el defensor, consultar su expediente y llevarle el acuerdo emitido por el tribunal, gestionar citas y trámites con el personal en turno del juzgado, situaciones que para el usuario le es complicado al desconocer los términos legales, lo cual ocasiona que su proceso se vea entorpecido.
