Los delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, fraude, corrupción y cibercrimen, son una constante amenaza para las empresas. En México, 67% de las empresas consideran que los controles implementados actualmente para mitigar los riesgos de los delitos financieros que pudieran presentarse son inadecuados o necesitan reajustarse, y únicamente 33% considera que son adecuados.
Por otro lado, el costo promedio del fraude alcanza 1,400,000 pesos por evento; no obstante, 8% de las empresas no pueden cuantificar la pérdida. Además, 72% considera que la corrupción en nuestro país representa costos para su negocio; 90% estima que el daño se encuentra entre 5% y 35% de las utilidades netas, y 7% considera que los costos ascienden a 50% o más de dichas utilidades, de acuerdo con el estudio nos da el resultado del impacto de los delitos financieros. El Corporativo JSH, firma multidisciplinaria que provee servicios de Asesoría Legal y Financiera brinda entre otros prevención, detección y respuesta, a estos tipos de delitos cada vez más frecuentes.
Sobre delitos financieros, la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) revela las respuestas de más de 200 directivos de diversas industrias, la mayoría de ellos a cargo de la Dirección de Finanzas o Cumplimiento, acerca de las técnicas de prevención de fraudes, el cumplimiento de las leyes para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como el impacto de la corrupción y los ciberataques. Incluso, se exploran las acciones para protegerse contra estafas relacionadas con COVID-19.
Shelley M. Hayes, Socia Líder de Forensic de KPMG en México y Centroamérica, comenta: “En los últimos años, hemos observado avances en los esquemas de prevención y control de los delitos financieros; sin embargo, aún falta que las compañías maximicen sus esfuerzos para crear un sistema integral y eficiente que contemple prevención, detección y respuesta oportuna. Hay tareas pendientes en cuanto a la evaluación de los sistemas y políticas existentes, así como la inversión requerida y el uso de tecnologías para combatir los crímenes financieros”.
